La amenaza a los derechos de los pueblos étnicos sigue en el año de 2016 en Brasil

Foto: Manifiesto del movimiento indígena en rechazo a la PEC 215 en el Congreso brasileño. Brasilia, diciembre de 2015. Fuente: www.conferenciaindigenista.funai.gov.br.

El año de 2015 terminó para los pueblos étnicos de Brasil con la participación de líderes y lideresas en la COP-21, en Paris, denunciando las paradojas y contradicciones del Gobierno brasileño en la articulación del Acuerdo del Clima. Brasil no hace su “deber de casa” en relación a la protección  y conservación de las áreas protegidas (resguardos indígenas, territorios colectivos y unidades de conservación), con destaque para las violaciones de derechos con relación a la construcción de hidroeléctricas en la región amazónica afectando territorios de los pueblos étnicos.

Así como denunciaron los recientes retrocesos legislativos como la promulgación de la nueva Ley de Acceso e Uso del Património Genético y Conocimientos Tradicionales (Ley n. 13.123, de 20 de mayo de 2015) que reglamenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica, sin consulta previa, violando expresamente el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

El derecho originario de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan está consagrado en el artículo 231 de la Constitución Federal brasileña. El artículo 68 de sus Disposiciones Constitucionales Transitorias reconoce expresamente los derechos de las comunidades negras autodenominadas “quilombolas” a la propiedad permanente de las tierras que ocupan.  

Pese a las referidas garantías constitucionales, el Congreso Nacional (Senado y Cámara de Diputados) tramita una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC 215) con el objeto de cambiar la competencia para la demarcación y titulación de tierras indígenas y quilombolas que es exclusiva del Poder Ejecutivo.  Los procesos administrativos de demarcación y titulación son competencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), para tierras indígenas y quilombolas respectivamente. Con la propuesta de enmienda constitucional, el  Legislativo busca tener la última palabra en materia de homologación de la demarcación de tierras. Adicionalmente se dispone que el Congreso podrá revisar las demarcaciones y titulaciones ya hechas, lo que significa un riesgo de diminución de las tierras ya reconocidas por el Estado.  

En los espacios políticos, las fuerzas conservadoras oligárquicas han logrado cambios legislativos que representan retrocesos en materia de derechos humanos de mujeres, derechos LGBT y de grupos étnicos.  En la Legislatura actual (2015/2018), del total de 513 Diputados, 257 (51%) conforman el Frente Parlamentar de la Agropecuaria, llamada también “Bancada Ruralista”, que junto con la “Bancada Evangélica” defienden la siembra de granos transgénicos, los monocultivos y la utilización de las áreas protegidas para mega proyectos extractivos, así como represas y la explotación minera. No hay todavía en Brasil una circunscripción nacional especial para comunidades indígenas y negras que confiera a los pueblos étnicos alguna representatividad política.   

En el Poder Judicial tampoco hay avances significativos. En la demanda de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, el Supremo Tribunal Federal (STF) estableció 19 restricciones al derecho de usufruto exclusivo de los recursos naturales, derecho de autodeterminación y derecho a la consulta previa, libre e informada. Dicha decisión establece también un marco temporal para la verificación de la posesión territorial, con basis en la fecha de promulgación de la Constitución Federal (5 de octubre 1988), con fines de demarcación y titulación de las tierras de  pueblos indígenas. Amparado en esta jurisprudencia, el Legislativo ha buscado incluir el criterio del marco temporal en la Propuesta de Emenda Constitucional (PEC 215), lo que podría implicar una afronta a los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La deconstrucción jurídica del referido criterio pasa por entender que los derechos originarios de los pueblos étnicos están relacionados con sus derechos a la vida, la existencia y la integridad física, cultural y espiritual. El derecho al territorio es congénito a la aparición o el nacimiento de las propias comunidades.

Con las “Mobilizaciones Nacionales Indígenas y Quilombolas” coordinadas por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Coordinación Nacional de la Articulación de las Comunidades Negras Quilombolas (CONAQ), los pueblos étnicos de Brasil rechazaron la PEC 215, reivindicando el derecho de participación y de consulta previa en los actos legislativos que los afecten.

Negar el derecho originario a la tierra es negar el derecho a la existencia de estos pueblos y comunidades, manteniéndolos en la invisibilidad, mientras la Constitución de 1988 trató de llevarlos a la visibilidad política y jurídica. Los derechos étnicos son derechos fundamentales y como tales deben ser interpretados como “cláusulas pétreas” constitucionales. La PEC 215 amenaza los derechos garantizados por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Notas de fin de año: 

• El 15 al 17 de Diciembre de 2015 se llevó a cabo en Brasilia la “1ª.Conferencia Nacional de Política Indigenista”. En la apertura de la conferencia, la Presidenta de la Republica, Dilma Rousseff, reafirmó la posición del Gobierno federal contrária a la PEC 215, en el sentido que esta propuesta retira poderes del Ejecutivo en matéria de demarcación de las tierras indígenas.  Disponible aquí

• El 21 de Diciembre, después de 04 años de haber recibido la denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA) dió trámite al caso de la represa de Belo Monte que afecta los pueblos de la cuenca del río Xingu.   Disponible   aquí . 

• En la contramano del reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos y la diversidade cultural, el 29 de Diciembre la Presidenta de la República veta el proyecto de ley n. 5.954 de 2013 que tenía como objeto alterar la Ley de Diretrizes de la Educación Nacional. La Presidenta veta el artículo que reconocía la necesaria implementación de la diversidad linguística y las particularidades de los pueblos indígenas en la enseñanza superior y procesos de evaluación educativa.  Disponible  aquí.

• El 30 de Diciembre un niño de la etnia Kaingang (Vítor Pinto, 02 años) fue brutalmente asesinado en la ciudad de Imbituba, Santa Catarina. Fuente: CIMI, 31 de diciembre de 2015. Disponible aquí.

El racismo y etnocidio sigue en Brasil. La lucha por la supervivencia física y cultural de los pueblos étnicos también…  

*postado originalmente em: Blog DPLF Justicia en las Américas, 11 de enero de 2016.

Força e luta da retomada da aldeia Pindo Roky

CARTA ABERTA ASF-Brasil em apoio às lideranças do Conselho Aty Guasu em BSB

Publicado em 12/03/2013 por asfbrasil

CARTA ABERTA À MINISTRA DA CASA CIVIL, GLEISI HOFFMANN, AO MINISTRO DA JUSTIÇA, JOSÉ EDUARDO CARDOZO, À MINISTRA MARIA DO ROSÁRIO, DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, AO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MINISTRO JOAQUIM BARBOSA, E À PRESIDENTA DA FUNAI, MARTA AZEVEDO, EM APOIO AO CONSELHO DA ATY GUASU, GRANDE ASSEMBLÉIA DOS POVOS GUARANI, E À LUTA CONTRA O GENOCÍDIO INDÍGENA.

“De modo geral, o conceito genocídio não significa necessariamente a destruição imediata de uma nação, exceto quando é realizado por meio de assassinatos em massa de todos os membros dessa nação. Seu significado é, ao contrário, o de um plano coordenado de ações que visam a destruição dos fundamentos essenciais da vida dos grupos nacionais, com o objectivo de aniquilar os próprios grupos em si. Os objetivos de tal plano seriam a desintegração das instituições políticas, sociais e culturais, a língua, os sentimentos nacionais, a religião, a existência econômica de grupos nacionais e a destruição de sua segurança pessoal, liberdade, saúde, dignidade e até mesmo a vida dos indivíduos pertencentes a esses grupos” (Raphael Lemkin)

 

ADVOGADOS SEM FRONTEIRAS, integrante da Rede ASF – presente em 16 países, organização que trabalha pelo acesso à justiça e pela proteção dos direitos humanos no mundo, em defesa dos grupos mais vulneráveis, ante ao clamor publicamente manifestado pela Aty Guasu, representante dos povos Guarani, e na condição de apoiadora da luta Guarani-Kaiowá, manifesta-se nos seguintes termos:

A ASF reafirma o seu compromisso de apoio à luta dos Guarani-Kaiowá. Tal compromisso vem do entendimento de que a luta desses povos é um trabalho de defesa de direitos humanos que, no caso dos povos Guarani, têm sido sistematicamente violados de diversas formas, configurando um caso de genocídio atualmente em curso, na forma do art. 2º da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio.

A ASF entende que os Guarani Kaiowá, como quaisquer outros povos indígenas, são protagonistas de sua própria luta. Esses povos conhecem, afirmam e reivindicam o protagonismo. A ASF-Brasil o reconhece e o apóia, em consonância com a legislação nacional e os instrumentos jurídicos internacionais os quais o Estado Brasileiro é signatário.

Nesse sentido, a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007), representam o reconhecimento jurídico da autodeterminação desses povos. Destaca-se ainda a responsabilidade assumida pelo Estado Brasileiro em desenvolver, com a participação dos povos indígenas, ações para proteger seus direitos e efetivar a garantia do respeito a sua integridade.  

A luta dos Guarani Kaiowá contra o genocídio e pela demarcação de suas terras se insere no contexto de reivindicação de direitos fundamentais dos povos indígenas. Tamanha relevância e urgência é destacada no último informe da OIT (2013) sobre aplicação das normas internacionais, contendo as recomendações para o Governo Brasileiro agir frente à situação dos povos Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. [1]

São amplamente conhecidas pelo Estado Brasileiro, pela comunidade internacional e em alguma medida pela sociedade brasileira, a situação de permanente ameaça à vida e à saúde física e psicológica das lideranças indígenas e das comunidades, que vivem confinadas e forçadamente afastadas do seu modo de vida tradicional, impossibilitadas de prover sua subsistência alimentar. Nesse contexto, o Conselho da Aty Guasu decidiu ir à capital federal para, por meio de audiência com algumas das principais autoridades do país, buscar a efetivação do atendimento de seus direitos básicos.

A Advogados Sem Fronteiras, portanto, além de se fazer presente nesta causa, em ações pautadas pelos princípios da organização e pelas normas nacionais e internacionais de proteção de direitos humanos, apóia também a iniciativa do Conselho da Aty Guasu em buscar ser ouvido diretamente pelos representantes do Governo Federal e de sua mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, sejam devidamente recebidos e ouvidos os representantes desses povos indígenas pelos destinatários desta carta, reconhecendo-se a gravidade e a urgência da situação de total abandono em termos de saúde e segurança, em violência sofrida continuamente pelos Guarani-Kaiowá.                                            

Brasil, 12 de março de 2013.

     Jean Carbonera – Presidente

Advogados Sem Fronteiras | ASF-Brasil

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NOTA PÚBLICA SOBRE O ASSASSINATO DE DENILSON BARBOSA – GUARANI-KAIOWÁ

NOTA PÚBLICA SOBRE O ASSASSINATO DE DENILSON BARBOSA – GUARANI-KAIOWÁ

Publicado em 25/02/2013 por asfbrasil

ADVOGADOS SEM FRONTEIRAS

NOTA PÚBLICA SOBRE O ASSASSINATO DE DENILSON BARBOSA, INDÍGENA DO POVO KAIOWÁ

 ADVOGADOS SEM FRONTEIRAS, integrante da Rede ASF – presente em 16 países, organização que trabalha pelo acesso à justiça e pela proteção dos direitos humanos no mundo, em defesa dos grupos mais vulneráveis, diante das violações de direitos perpetradas contra o povo Guarani-Kaiowá, no Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, e, especialmente no que diz respeito ao recente homicídio do Kaiowá Denilson Barbosa, 15 anos, da aldeia Tey’ikue, vem, por meio desta NOTA PÚBLICA, manifestar-se nos seguintes termos:

 No dia 17 de fevereiro deste ano de 2013, Denilson Barbosa foi encontrado morto no município de Caarapó (MS), em uma estrada vicinal a sete quilômetros do perímetro urbano da cidade, vítima de disparos de arma de fogo.

Segundo relatos das duas testemunhas e sobreviventes, o crime ocorreu quando Denilson, seu irmão de onze anos e seu cunhado foram pescar no córrego Mbope’i, cuja nascente fica dentro do tekoha (“espaço onde se vive” em guarani) e cujo curso se dá por entre fazendas do entorno. As testemunhas relatam ainda que viram Denilson, o único que não conseguira fugir ante a aproximação dos três homens armados, ser espancado por esses três homens. O irmão e o cunhado da vítima identificam os três indivíduos que os atacaram como funcionários do fazendeiro Orlandino Carneiro Gonçalves, que detém a Fazenda Sardinha, vizinha ao tekoha em Caarapó.

É importante notar que os Guarani-Kaiowá vivem confinados no Mato Grosso do Sul em pequenas extensões territoriais. No caso de Caarapó, em 3.594 hectares de terra para um total de cinco mil pessoas.

Registra-se que não há acesso a recurso pesqueiro necessário para garantir a segurança alimentar das comunidades confinadas. Lideranças indígenas contam que os índios costumam pescar na área porque ali está o único riacho da região da reserva onde moram, motivo pelo qual muitos indígenas recorrem a ele como garantia e manutenção de sua própria subsistência. A Advogados Sem Fronteiras lembra que esses territórios podem configurar a extensão do território tradicional, pois trata-se de áreas imprescindíveis a seu bem-estar e a sua reprodução física e cultural, amparado pelo art. 231, §1º da Constituição Federal e arts. 7, 14 e 15 da Convenção n. 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais (promulgada no Brasil pelo Decreto n. 5.051 de 2004).

Após o enterro do jovem Kaiowá, na tarde de 18 de fevereiro, familiares do indígena assassinado ocuparam o território reivindicado como tradicional, denominado por eles de Tekoha Pindo Roky. Em seguida, cerca de 200 famílias da aldeia Tey’ikue retomaram área onde se encontram até o presente momento. A Advogados Sem Fronteiras expressa a sua preocupação pela segurança das centenas de indígenas que se encontram sob ameaça nesse território e necessitam a imediata proteção por parte das autoridades federais e estaduais.

A Advogados Sem Fronteiras entrou em contato com diversas autoridades do Mato Grosso do Sul a fim de apurar o ocorrido, dentre elas, a delegacia estadual na qual foi aberto inquérito para investigação de homicídio. Nesse contato, foi informada de que o crime foi classificado como crime comum e, portanto, de competência da Justiça Estadual. A Advogados Sem Fronteiras considera essa classificação um equívoco, pois nega o fato de que o crime se insere no contexto mais amplo do conflito por demarcação das terras que os Guarani-Kaiowá ocupam tradicionalmente. Entendemos que o crime deve ser julgado pela Justiça Federal. Recebemos também relatos de representantes da Aty Guasu (“Grande Assembleia” dos Guarani-Kaiowá) de que Denilson Barbosa integrava uma família conhecida há anos por defender reivindicações de terras, o que é mais um indício do caráter político do assassinato, indício este que não pode ser ignorado pelas autoridades policiais ao classificarem o crime como crime comum.

A Advogados Sem Fronteiras, ao acompanhar as denúncias de violações de direitos humanos ocorridas no Mato Grosso do Sul, constata que há uma prática frequente de descaracterização de crimes ocorridos contra indígenas: ameaças das lideranças indígenas, que são defensores de direitos humanos dos povos indígenas, não são tipificadas como tais, como se percebeu no caso do cacique Ládio Veron, em que uma ameaça de morte foi classificada como “violência doméstica”. Ao mesmo tempo, assassinatos de indígenas, como o caso em questão, são classificados como “crimes comuns”. Nesse sentido, a Advogados Sem Fronteiras entende que classificar esse crime como homicídio comum, não reconhecer a existência há décadas de um conflito fundiário no Mato Grosso do Sul e o histórico genocídio do povo Guarani-Kaiowá, não reconhecer que o crime está relacionado ao conflito por demarcação de terras dos povos indígenas, não reconhecer a natureza racista da violência e sua relação com a etnia da vítima, configura certamente uma forma de omissão por parte do Estado Brasileiro e do Governo Estadual do Mato Grosso, que nega, assim, justiça aos Guarani-Kaiowá.

 A despeito de o fazendeiro perpetrador do crime já ter assumido a autoria do fato, o seu depoimento é contraditório com os fatos relatados pelas testemunhas, uma vez que afirma que a morte teria sido acidental e nega os espancamentos perpetrados contra Denilson Barbosa. Além disso, relatos de um indígena que pediu para não ser identificado afirmam que a polícia não teria feito uma perícia ou exame de corpo de delito adequado. A Advogados Sem Fronteiras teme que a ausência uma perícia adequada possa impedir que os fatos sejam devidamente investigados, culminando na impunidade.

O homicídio de Denilson Barbosa, ocorrido em 17 de fevereiro deste ano de 2013, é a mais recente evidência da omissão do Estado Brasileiro na proteção dos direitos humanos dos povos indígenas, que permite a impunidade dos muitos assassinatos já ocorridos contra os Guarani-Kaiowá e que não garante a proteção à vida e à integridade física desses povos.

Frente a todo o exposto, a Advogados Sem Fronteiras vem, por meio desta NOTA PÚBLICA, ratificar o compromisso já assumido para a defesa dos direitos do povo Guarani-Kaiowá. Requer que se reconheça, no caso do assassinato de Denilson Barbosa: a natureza de crime hediondo, por tratar-se de prática qualificada e sistemática e o reconhecimento do contexto de conflito fundiário e de racismo quanto à identidade indígena da vítima. Requer, também, a devida proteção das centenas de Guarani-Kaiowá que se encontram na Tekoha Pindo Roky e, ainda, que o crime seja investigado pela Polícia Federal com intervenção do Ministério Público Federal.

A Advogados Sem Fronteiras exige a observância da Constituição Federal de 1988, da Convenção n. 169 da OIT, da Lei n. 8.072 de 1990 (Lei de Crimes Hediondos) e normas correlatas. Exige, ainda, a efetivação da segurança dos povos indígenas confinados nas várias partes dos tekoha que habitam, precariamente. O Estado Brasileiro deve agir, sob pena de omissão, para a urgente demarcação das terras indígenas reivindicadas e, até que ela ocorra, deve garantir a segurança desses povos.

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